En el actual contexto electoral, la política nacional de vivienda no puede seguir siendo un tema secundario en la agenda pública. De cara a las elecciones generales del 12 de abril, los candidatos están obligados a presentar propuestas concretas, viables y sostenibles que respondan al déficit habitacional que afecta, sobre todo, a los sectores más vulnerables del país.
El acceso a una vivienda digna y segura no solo es una necesidad básica, sino también un derecho fundamental que impacta directamente en la salud, la educación, la seguridad y el desarrollo económico de millones de familias. Para el experto en vivienda y construcción, Percy Rojas, el próximo presidente debe asumir el tema como una política de Estado y no como un programa temporal sujeto a coyunturas políticas.
Rojas sostiene que el Estado debe liderar una reforma integral del sistema de vivienda social, fortaleciendo programas públicos, simplificando trámites, promoviendo la formalización del suelo y garantizando acceso a financiamiento accesible. Sin embargo, también remarca que la empresa privada cumple un rol estratégico: “Si los programas estatales no se dan abasto, el sector privado puede y debe complementar esfuerzos, siempre bajo reglas claras y una adecuada supervisión”.
Actualmente, la expansión inmobiliaria se concentra en distritos como Los Olivos, Puente Piedra y Carabayllo, donde existe mayor disponibilidad de suelo y potencial de desarrollo urbano. No obstante, el especialista advierte que el crecimiento debe ser planificado y acompañado de infraestructura, servicios públicos y conectividad.
Un ejemplo de esta visión integral es Residencial Valle Nuevo, proyecto que contempla no solo viviendas, sino también equipamientos como una comisaría, un centro educativo, un centro comercial —como Mall Plaza— y una futura conexión con el Metropolitano mediante un sistema alimentador. Este modelo refleja la necesidad de articular vivienda, transporte y servicios bajo una planificación urbana coherente.
Más allá de proyectos específicos, el debate de fondo es político: ¿está el Estado dispuesto a priorizar el derecho a la vivienda por encima de intereses coyunturales? Convertir la política habitacional en una verdadera política nacional implica presupuesto suficiente, coordinación entre niveles de gobierno y una alianza estratégica con el sector privado. Solo así se podrá reducir la brecha habitacional y garantizar oportunidades reales para millones de peruanos que aún esperan un techo propio.